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El Hierro: El Defensor del Pueblo ampara a Ossinissa contra el obstruccionismo del Cabildo de El Hierro y la Subdelegación del Gobierno

Según un informe del Defensor del Pueblo, El Cabildo de El Hierro manifestó que había “circunstancias legales” que impedían informar a la asociación cultural y ecologista Ossinissa acerca del vertido de combustible que realizó la empresa Distribuidora Industrial S.A. (DISA) en el litoral herreño. En el mismo escrito, se hace mención a la queja contra la Subdelegación del Gobierno de Tenerife por negarse a dar registro de entrada a documentos dirigidos hacia la Comisión Europea.

El Informe de Defensoría atestigua, que El Cabildo Insular no da ni siquiera una mínima explicación de cuáles eran esas “circunstancias legales” que impidieron atender la solicitud de entrega del informe sobre el derrame de hidrocarburos. Asimismo, después de casi dos años de omisión del derecho de información medioambiental (Convenio de Aarhus), El Defensor dio un último plazo de 15 días al Presidente del Cabildo D. Tomas Padrón, para que entregara el informe solicitado por Ossinissa, de lo contrario la administración insular podría estar incursa en falta de colaboración injustificada, siendo objeto de mención especial en el informe que se emite a las Cortes Generales.

Ossinissa asevera, que en el informe del Alto Comisionado de las Cortes, el Cabildo de El Hierro falta a la verdad, al manifestar que a la asociación se le convocó a “tramite de audiencia” en base al artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Incluso el Presidente del Cabildo argumenta que hubo una reunión de dos horas. “Exigiremos al Cabildo que aporte los documentos de trámite de audiencia al amparo del artículo 58.1 de la citada ley”, expone Ossinissa

Finalmente se entrega

La asociación manifiesta que ha recibido en el día de ayer un informe titulado “Derrame de Hidrocarburos en Llanos Blancos”, fechado en septiembre 2007. Según este documento, el vertido supuso una mancha en el mar de diez hectáreas de perímetro, compuesta por sustancias toxicas para los organismos acuáticos, provocando a largo plazo efectos negativos para medio ambiente. Asimismo, a modo de recomendación técnica, se apunta la necesidad de efectuar un seguimiento de la zona litoral afectada con el fin de detectar repercusiones negativas para el medio ambiente, así como la posible existencia de sedimentación de los vertidos.

Hoy, casi dos años después, desconocemos si se secundaron las recomendaciones técnicas, suponiéndonos una vorágine volver a preguntar a una administración que nos ha negado el derecho constitucional a ser informados.

Acciones legales

La Asociación Cultural Ossinissa está estudiando la documentación aportada para solicitar ante la Fiscalía la investigación de este caso, por si pudiera tratarse de un presunto delito contra el Medio Ambiente. Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha pedido informe sucinto a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de las acciones posteriores que la empresa DISA, responsable del vertido, llevó a cabo. De esta forma se podrá entrever si la entidad se hizo cargo de la reparación de los daños.

Queja contra la Subdelegación del Gobierno

Otro apartado del informe del Defensor del Pueblo comunica sobre la queja promovida por Ossinissa contra la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Según la asociación cultural, “se les deniega la admisión de registro de documentos a la Comisión Europea, al amparo del articulo 38 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas” ya que, según esta administración del Estado, la Comisión Europea no se encuentra incluida en la regulación vigente del régimen de registro. “Luego en las elecciones europeas el Gobierno español se llena la boca hablando de derechos, cuando no son capaces ni de hacer llegar un mísero escrito”, aseveran. Asimismo, El Defensor del Pueblo expone que en este caso la Subdelegación no explica cómo entonces, y por el contrario, fueron registrados escritos a la Comisión Europea por la Dirección Insular de El Hierro. Ante esta contradicción y la carencia de respuesta ante Alto Comisionado, se da a la institución estatal un último plazo de 15 días al poder estar incursa en una falta de colaboración injustificada, siendo objeto de mención de la Defensoria ante las Cortes Generales.

 

Autor: Ossinissa   Actualizado el: 08/08/2009

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