El titular del Juzgado número 1 de San Sebastián de la Gomera ha citado a declarar en calidad de imputados a cinco técnicos dentro del procedimiento de diligencias previas abierto por el caso del consejero del Cabildo insular, Javier Trujillo. Según la providencia en poder de la Agencia Efe, el juez cita a declarar el próximo día 18 de junio a Víctor Sánchez Pescador y Joaquín Espinosa Chirino, y el día 30 de junio a Ángel Santos Chinea, Concepción Mendoza Martín y Yazmina Sánchez Fuentes, para ser oídos en calidad de imputados.

Todas estas personas aparecen en un informe del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, solicitado por la Fiscalía y que, según CC, pone "bajo sospecha" a técnicos, empresarios e incluso al presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, y al vicepresidente, Gregorio Medina.

En concreto, el documento de la Guardia Civil hace referencia a que el arquitecto Víctor Sánchez Pescador y el abogado Joaquín Espinosa Chirino firmaron informes favorables a la calificación territorial de un proyecto de iniciativa turística relacionado con Trujillo.

El informe policial destaca que Víctor Sánchez Pescador y Joaquín Espinosa Chirino son propietarios de la empresa Servicios Integrales de Asesoramiento Urbanístico S.C.P., contratada por el Cabildo de La Gomera para llevar a cabo tareas de asesoramiento técnico-jurídico en materia de calificaciones territoriales.

Añade que Yazmina Sánchez Fuentes, empleada de la sociedad Gesplan y colaboradora de la redacción del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico de la isla, mantiene relación con la citada empresa y es la esposa de Joaquín Espinosa Chirino.

La Guardia Civil considera que tanto Ángel Santos Chinea como Concepción Mendoza Martín, técnicos de Dependencia de Asuntos Económicos del Cabildo insular, firmaron informes favorables al proyecto de Javier Trujillo, con conclusiones que "faltan a la verdad".

Javier Trujillo cesó como consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de La Gomera en enero de 2008, aunque continúa con su condición de consejero del grupo socialista, tras ser imputado en noviembre de 2007 por un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.

Esta imputación derivó de una denuncia en la que se señalaba que Trujillo había modificado el Plan Insular de la Gomera en favor de su familia y, por tanto, era uno de los beneficiados del Plan territorial Especial de Desarrollo Turístico de La Gomera (PTE).